estos son un conjunto de documentos sinteticos sobre los principales ejes articuladores del movimiento social, politico y cultural que está conformando proyecto sur.
saludos.
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
ANEXO I
Son Principios del Partido Proyecto Sur:
1.- La defensa de lo nacional, latinoamericano y los pueblos del Tercer Mundo en sus derechos sociales, patrimoniales, políticos, culturales, económicos, y respecto a la soberanía sobre sus recursos naturales y energéticos.
2.- La defensa y aplicación de los principios democráticos y las prácticas que esos principios deben inspirar, tanto en la vida interna de las organizaciones políticas o sociales como en la conducción de los destinos de la nación.
3.- El promover la liberación nacional y social de los argentinos.
4.- El defender y promover estos principios mediante la en acción común con otras agrupaciones u organizaciones de igual naturaleza cuyas acciones o principios contribuyan a alcanzarlos.
5.- Todo ello mediante la acción política democrática y con el respeto a la pluralidad y la diversidad, así como el respeto al disenso y a la crítica y a los derechos de las minorías.
ANEXO II
Bases de Acción Política
1.- Estas bases de acción política han de impulsar el debate sobre las alternativas de la Argentina para enfrentar la gravedad de su actual crisis y el diseño de un nuevo proyecto que debe ser capaz de sintetizar la información y el análisis técnico con las experiencias y aportes de los distintos actores sociales y políticos ante los desafíos del Siglo XXI.
2. La evidente declinación de los modelos neoliberales en el mundo central, que también se manifiesta en nuestro país, no puede ser soslayado por propuestas técnicas coyunturales que ignoran la magnitud de los cambios ocurridos en el escenario internacional. Frente a esta situación, pretendemos sentar las bases de un nuevo modelo de sociedad y Estado para responder a los retos históricos que conmocionan al mundo.
3. El paradigma productivo que se ha consolidado a nivel internacional define al conocimiento, a la capacidad de procesamiento de información y al desarrollo científico – técnico e innovativo como el recurso estratégico para garantizar el ingreso de los distintos países y regiones en el mercado mundial del próximo siglo. En este marco, la reconversión de la economía argentina obliga a una democratización de la educación pública de alta calidad en todos sus niveles, una política de recalificación e inserción laboral en gran escala y la promoción del desarrollo científico – tecnológico e innovativo, teniendo como horizonte un proceso de integración, latinoamericana autónoma y la rearticulación de las economías regionales.
4. Las características intrínsecas del recurso estratégico conocimiento-intensivo imponen como requisito la creciente democratización de todos los espacios de la vida social. Porque no es posible democratizar y elevar el nivel de la educación, la formación laboral, el conocimiento, el desarrollo científico – técnico, la capacidad de innovación y el manejo de la información, si no se democratizan la salud, el bienestar, la distribución del ingreso, el acceso a un trabajo digno y bien remunerado, los medios masivos de comunicación o los recursos económicos del país. En la era que está comenzando, la real modernización significa entonces un desarrollo de carácter integral, asentado en democracias representativas y participativas, en la equidad social y en un crecimiento económico sustentable.
5. Los ejemplos de las economías más dinámicas entre los países avanzados indican que el Estado tiene un papel ineludible en la planificación e implementación de las políticas de desarrollo científico – técnico y de innovación industrial, garantizando la recalificación de los trabajadores y el resguardo del empleo, utilizando una protección selectiva para promover sectores o empresas capaces de expandir un mercado interno poderosos y salir a exportar en términos competitivos dentro de un contexto internacional que, a pecar de la “globalización económica” es fuertemente proteccionista.
6. La desarticulación del Estado en la Argentina – que entre otros aspectos se revela en su endeble económica, en la degradación de la justicia y en la crisis de las Fuerzas Armadas y de Seguridad – indica la necesidad de reconstruir un nuevo Estado soberano y democrático, a partir de cinco ejes esenciales:
a) La democratización del sistema político reforzando las formas directas, representativas y de participación social para garantizar la transparencia de las conductas públicas.
b) La consolidación de una Justicia autónoma y eficiente a partir de la reestructuración democrática del Poder Judicial.
c) La redefinición del federalismo y de la autonomía municipal a fin de garantizar un nuevo dinamismo de las economías regionales y del equilibrio equitativo entre las distintas provincias del país.
d) La reestructuración de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en el marco de un proyecto nacional soberano, democrático y de integración latinoamericana autónoma.
e) La reconstitución de la capacidad de control y regulación económica de los recursos nacionales por parte del Estado – que, entre otros factores, se manifiesta en la garantía de estabilidad del valor del dinero emitido – a partir de una clara definición de sus fuentes de recaudación y de la orientación impuesta a la inversión y el gasto público. En este marco, se plantea el nuevo rol del Estado en la orientación de los lineamientos socio – económicos de la Argentina.
7. Los nuevos paradigmas tecnológicos y las actuales tendencias hacia la articulación de espacios de alcance continental, transforman a la integración latinoamericana en una estrategia imprescindible para el desarrollo de nuestros países, en tanto es preciso alcanzar una masa crítica de recursos humanos y naturales u mercados propios para desarrollar las fuerzas de producción que cada una de estas naciones no puede lograr individualmente.
EL MERCOSUR deberá ser reformulado a fin de garantizar la equidad y el mutuo beneficio que contemple los intereses y la participación de los trabajadores, los pequeños y medianos empresarios, las nuevas áreas de producción social y las economías regionales de los países que lo integra.
8. La construcción de un nuevo tipo de Estado regulador tendrá como objetivo la recuperación del control nacional del proceso económico a fin de impulsar un crecimiento fundado en la reconstitución y ampliación del mercado interno, en el crecimiento de las exportaciones y en la integración continental. Entre otros aspectos, el nuevo Estado tendrá como funciones:
a) Regular la producción de bienes y servicios en precio y calidad con destino al consumo de los asalariados.
b) Regular los mercados definiendo la participación que se le asigna a la producción importada en el abastecimiento de los mismos.
c) Regular la selectividad en el proceso de apertura para impulsar el desarrollo de aquellos rubros que garanticen un mejor impacto técnico y productivo a nivel interno y regional dentro de una política de reindustrialización que se inserte en las nuevas coordenadas tecnológicas internacionales.
d) Regular las líneas con destino exportador que es preciso encarar, promoviendo una reconversión económica orientada a nuevas líneas de producción y servicios que den prioridad a la calificación de mano de obra, al nivel de empleo y a la incorporación tecnológica.
9. El nuevo Estado regulará y controlará los sectores considerados estratégicos para el desarrollo nacional. En este marco, la revisión de las privatizaciones de las empresas y patrimonios públicos realizadas a través de una Comisión nacional que se designará a tal efecto, será considerada en dos niveles:
a) Una real ética de la política impide la implantación de hecho de un “Punto Final” o un “indulto” a las manifestaciones de corrupción que acompañaron el proceso de privatizaciones, denunciadas en su momento incluso por el entonces embajador norteamericano Terence Todman. No puede haber “continuidad jurídica” para los lícitos y la corrupción.
b) Una evaluación del rol que deben cumplir las diferentes áreas productivas y de servicios en el contexto de un proyecto de inserción de nuestro país dentro de las coordenadas tecnológicas del próximo siglo. En este marco, serán sectores de absoluto control y regulación pública el petróleo y gas, la energía hidroeléctrica y nuclear y las telecomunicaciones, mientras la infraestructura sanitaria. Las redes ferroviarias y las carreteras centrales se regirán por diversas formas de regulación estatal y serán de propiedad pública, privada o mixta. No se puede volver al viejo Estado corrupto e ineficaz. Las nuevas empresas públicas se organizarán en función de diversas formas de participación y control social de usuarios y trabajadores que garanticen la eficiencia productiva y de servicios y una transparencia administrativa orientada a erradicar la burocratización y los ilícitos.
10. El nuevo Estado promoverá el desarrollo científico – tecnológico e Innovativo como factor nodal del desarrollo argentino. Para ello, se crearán nuevas empresas públicas vinculadas con las áreas de desarrollo de tecnologías de avanzada, vertebradas con las universidades nacionales, la universidad tecnológica y las instituciones nacionales tales como INTI, INTA, CNEA, CONICET, y similares.
11. Se promoverá tina agresiva política de reindustrialización sustentada en la reactivación del mercado interno. Las exportaciones y la integración continental, donde tendrán un papel decisivo el aumento de la inversión pública en sectores estratégicos y la participación de las PMES y las nuevas áreas de producción social.
12.- El capital y las empresas extranjeras serán bienvenidas y respetadas en un marco de regulaciones públicas que garanticen la transferencia tecnológica, la equidad y el mutuo beneficio. Y subordinadas al interés nacional, la preservación del medio ambiente y el respeto a las identidades de las comunidades sociales en los lugares en donde actúan.
13. Dentro de los nuevos lineamientos estratégicos, las grandes empresas serán invitadas a participar en convenios que contemplen inversiones con capital propio y reinversión de utilidades en el país, cuya rentabilidad está asociada a la ratio media de la economía e incorporación de tecnología de punta en sectores competitivos dentro del mercado mundial y generadores de divisas.
Estas inversiones tendrán como contrapartida el apoyo público a través de medidas económicas específicas definidas para cada sector.
14. Promoción de políticas de estímulo y desarrollo del agro y de las economías regionales con créditos blandos, en especial para pequeños y medianos productores, reorientación productiva articulada en redes empresarias de producción y comercialización, apoyadas por instituciones nacionales de investigación científico – técnica e innovativa para garantizar crecientes niveles de eficiencia y competitividad. En este marco se Jerarquizarán nuevamente la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes y entes reguladores de las producciones del Interior del país.
15. Se impulsará una reforma tributaria dirigida a incrementar el nivel de recaudación impositiva y la profunda regresividad del actual sistema, con un mayor gravamen en impuestos progresivos a las grandes ganancias y utilidades. Ala patrimonio, detentada y a los consumos suntuarios.
16. La recuperación de la renta productiva al servicio de la integración nacional y de la promoción económica y social de los pueblos.
17. La integración latinoamericana y la promoción del MERCOSUR y UNASUR como instrumentos de la misma.
18. La defensa del empleo, el trabajo digno y la plena vigencia y aplicación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
19. En las nuevas coordenadas tecnológicas la tradicional concepción del gasto social del estado se transforma en una inversión estratégica para garantizar el futuro de nuestras Esto implica concebir las políticas sociales en objetivo de sociedades términos de corto, mediano y largo plazo con el promover un proceso de transición que, partiendo de tina mejora inmediata de las condiciones de vida de las mayorías, permita una redefinición de estas políticas dentro de un nuevo modelo de desarrollo socio- económico nacional.
En este contexto, se impulsará un aumento y racionalización del gasto social y una reforma del sistema previsional.
20. La reafirmación de la soberanía nacional, La autodeterminación de los pueblos, el principio de no intervención, la lucha por la paz y los derechos humanos, la defensa del medio ambiente, la búsqueda de una mayor equidad en las relaciones entre los pueblos del mundo. La democratización de los organismos internacionales y el reingreso al movimiento de países no alienados, marcará los ejes principales de la política internacional que tendrá como prioridad el proceso de integración autónomo continental y el desarrollo de acciones consensuadas con los países de América Latina.
martes, 4 de agosto de 2009
lunes, 3 de agosto de 2009
homenaje a la clase media argenta
les mando un saludo..............a medias.
El Forjista
Poema a la clase media
Por Daniel Cézare
Clase media
medio rica
medio culta
entre lo que cree ser y lo que es
media una distancia medio grande
Desde el medio
mira medio mal
a los negritos
a los ricos
a los sabios
a los locos
a los pobres
Si escucha a un Hitler
medio le gusta
y si habla un Che
medio también
En el medio de la nada
medio duda
como todo le atrae
(a medias)
analiza hasta la mitad
todos los hechos
y (medio confundida)
sale a la calle con media cacerola
entonces medio llega a importar
a los que mandan
(medio en las sombras)
a veces, sólo a veces, se da cuenta
(medio tarde)
de que la usaron de peón
en un ajedrez que no comprende
y que nunca la convierte en Reina
Así, medio rabiosa
se lamenta
(a medias)
de ser el medio del que comen otros
a quienes no alcanza
a entender
ni medio
Daniel Cézare
El Forjista
Poema a la clase media
Por Daniel Cézare
Clase media
medio rica
medio culta
entre lo que cree ser y lo que es
media una distancia medio grande
Desde el medio
mira medio mal
a los negritos
a los ricos
a los sabios
a los locos
a los pobres
Si escucha a un Hitler
medio le gusta
y si habla un Che
medio también
En el medio de la nada
medio duda
como todo le atrae
(a medias)
analiza hasta la mitad
todos los hechos
y (medio confundida)
sale a la calle con media cacerola
entonces medio llega a importar
a los que mandan
(medio en las sombras)
a veces, sólo a veces, se da cuenta
(medio tarde)
de que la usaron de peón
en un ajedrez que no comprende
y que nunca la convierte en Reina
Así, medio rabiosa
se lamenta
(a medias)
de ser el medio del que comen otros
a quienes no alcanza
a entender
ni medio
Daniel Cézare
lunes, 27 de julio de 2009
videla toma 1.
Un lindo minidocumental de canal 7 llevado adelante por Felipe Pigna, para muchos que jamas vieron ni oyeron a este personaje aberrante.
saludos......y no perdamos la memoria.
saludos......y no perdamos la memoria.
domingo, 26 de julio de 2009
asi que eran dos demonios????
a pesar de haber pasado la escoba antes de cerrar la puerta a la etapa mas nefasta de nuestro pais, los miliquines no pudieron con su genio y barrieron mal.
les dejo esta notita bastante develadora para algunos que aun insisten en defender una idea impuesta y construida para defender lo indefendible.
No se confundan, no se fueron, estan, existen y a diferencia de muchisimas de sus victimas no han "desaparecido", Honduras nos lo recuerda.
saludos.
Un manual para represores
El texto establece como medios “ocultos” de acción psicológica la “tortura, el secuestro y el terrorismo”. La Cámara Federal ordenó reabrir una causa para investigar el contenido del reglamento, al que tuvo acceso Página/12.
Por Adriana Meyer
La dictadura en retirada barrió con todo tipo de pruebas del plan criminal que había ejecutado, pero en ciertos reglamentos militares dejó escrito parte de su sustento doctrinario y su metodología del terror. Uno de ellos, referido a las “operaciones psicológicas”, establece como medios “ocultos” de acción psicológica la “tortura, el secuestro y el terrorismo”. Documentos similares son parte de las causas por delitos de lesa humanidad cometidos por los sicarios del Estado, como el “Plan del Ejército, operaciones contra elementos subversivos”, que describe las acciones concretas para la toma del poder y habla de “aniquilar la subversión”. Pero hasta ahora no había aparecido una admisión tan clara de directivas basadas en acciones ilegales. Por eso la Justicia acaba de ordenar la reapertura de una causa para investigar el contenido “explícitamente delictivo” de este manual, que estuvo vigente hasta 1997.
Aunque parezca una paradoja, fue el defensor de un genocida quien puso el foco en el reglamento RC-5-1 del Ejército Argentino sobre Operaciones Sicológicas, dictado por el general Alejandro Lanusse el 8 de noviembre de 1968. Hace cuatro años, el abogado Florencio Varela, en representación del general retirado Santiago Riveros, quiso mostrar que su contenido daría legitimidad institucional al accionar de su defendido, con el absurdo argumento de que un simple reglamento militar es superior a la Constitución y a la legislación. A contramano de todas las herramientas legales que hicieron posible el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos, desde el Juicio a las Juntas hasta la anulación de los leyes de impunidad pasando por la incorporación de los tratados internacionales a la Constitución, Varela pretendió justificar aquellos crímenes en el marco de la aplicación de la denominada Doctrina de Seguridad Nacional. Dijo el letrado que “el secuestro, el terrorismo, la tortura, el sabotaje y la muerte eran, entre otras similares, acciones de guerra expresamente previstas en los reglamentos militares”. La línea de pensamiento es que las “acciones contra la subversión no fueron delitos de lesa humanidad sino que estaban en las tácticas militares de la contraguerrilla”.
El abogado Alberto Pedroncini, querellante en la causa sobre el Plan Cóndor en la que está imputado Riveros junto a otros represores, tomó contacto con la presentación de Varela y consideró que los reglamentos citados contenían la descripción de delitos de manera “explícita”. Por eso hizo una denuncia ante la Procuración que fue impulsada por el fiscal federal Federico Delgado y que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas. Así, mediante un oficio al Ministerio de Defensa, obtuvo el texto autenticado y completo de los manuales en cuestión, en los que abundan instrucciones entre banales y terroríficas. Rafecas avanzó al principio con entusiasmo pero luego de tres años mandó el expediente al archivo porque no encontró conexión entre el manual y algún suceso que materializara sus directivas. Para el magistrado, la creación misma del reglamento no constituía delito penal. El fiscal Gerardo Pollicita apeló y el mismo criterio mantuvo el fiscal de Cámara Germán Moldes. A principios de julio, la sala I de la Cámara Federal porteña ordenó reabrir el caso.
Página/12 tuvo acceso al RC-5-1 sobre “Operaciones Sicológicas”, que en uno de sus párrafos describe el “método de acción compulsiva” como “toda acción que tienda a motivar conductas y actitudes por apelaciones instintivas, actuará sobre el instinto de conservación y demás tendencias básicas del hombre, lo inconsciente (sic). La presión insta por acción compulsiva apelando casi siempre al factor miedo. La presión sicológica engendrará angustia, la angustia masiva y generalizada podrá derivar en terror, y eso basta para tener al público (blanco) a merced de cualquier influencia posterior. La fuerza implicará la coacción y hasta la violencia mental (...) la fuerza y el vigor reemplazarán a los instrumentos de la razón. La técnica de los hechos físicos y los medios ocultos de acción sicológica transitarán por este método de acción compulsiva”.
Las 170 páginas del reglamento RC-5-1 reflejan la estructura de la cadena de mando prevista para las OS (Operaciones Sicológicas), divide las OS de las fuerzas terrestres en “operaciones de represión militar, de inteligencia y de asuntos civiles”, y establece que “las OS se dirigirán directamente contra el insurgente armado, contra los elementos que apoyen a los insurgentes y hacia la población civil”. En cuanto a la ejecución de las OS, sostiene que sus planes y programas “tratarán de crear la imagen de que el movimiento guerrillero ha penetrado en todos los niveles de la sociedad y del gobierno”. En cuanto a los “blancos” de las OS enumera: “elementos irregulares enemigos, elementos clandestinos, civiles que simpaticen con el movimiento subversivo, civiles que simpaticen con el gobierno legal, civiles no comprometidos, fuerzas militares legales y naciones que apoyen a las fuerzas irregulares”. Y en uno de los párrafos en que describe los medios y técnicas de las OS, señala que “las fuerzas militares legales podrán contribuir a aislar a las fuerzas irregulares enemigas, apelando a su función de protectores y guardianes de la paz. Las demostraciones en masa, el contacto personal entre soldados y pobladores civiles, la participación en deportes comunes y las reuniones de todo tipo contribuirán a crear fe en el gobierno legal y evitar el apoyo a los elementos irregulares. La tropa deberá estar perfectamente instruida a efectos de lograr un impacto sicológico positivo en la población”.
Los medios “ocultos”
En la última página del articulado el reglamento RC-5-1 divide los medios previstos y autorizados de acción psicológica en tres campos: naturales, técnicos y ocultos. Entre los dos primeros menciona el “cara a cara, agentes visuales y orales, actos públicos, altavoces, la radio y la televisión”, y en “ocultos” incluye “compulsión física: torturas de tercer grado. Compulsión síquica: anónimos, amenaza, chantaje, seguimiento físico, persecución, secuestros, calumnias, terrorismo, desmanes, sabotaje, toxicomanía, alcoholismo y drogas. Lavado de cerebro”.
Para Pedroncini, este reglamento “revela el perfil más perverso” de las instrucciones para la represión ilegal. Página/12 le preguntó en qué se diferencia de los manuales militares que ya se conocen, como las “Instrucciones para operaciones de seguridad” que establecía separar a los detenidos entre “hombres, mujeres y niños luego de su captura”, documento que integra el expediente sobre el plan sistemático de apropiación de menores. “Lo que hacen esas normas tramposas es legalizar el comienzo del procedimiento, darle una forma que permita cometer el delito sin decirlo, como la que habla de esos allanamientos en casas particulares y marcaba que había que separar a hombres, mujeres y niños, luego en el resto del reglamento aparecía como si esos grupos fueran tratados de acuerdo a la ley. En cambio acá no hay máscara”, respondió el letrado, y remarcó que por esa razón lo eligieron para hacer una denuncia específica que investigue el contenido explícitamente delictivo de este tipo de manuales. “Cuando Florencio Varela presentó su escrito en el expediente hizo una referencia más categórica a ese reglamento, era el que les justificaba más cosas, por eso decidimos zambullirnos en ése. Con el doctor (David) Baigún nunca antes habíamos visto nada tan explícito en cuanto a describir por su nombre a los delitos, como torturas de tercer grado, o una serie de acciones que derivan en delito, como la descripción del método de la acción compulsiva, que menciona que ‘la fuerza implicará coacción y hasta la violencia mental’”, agregó Pedroncini.
Reglamentar las atrocidades
La sentencia del Juicio a las Juntas Militares de 1984 mencionó la falta de constancias escritas de las órdenes criminales, al expresar que “no es de extrañar que del análisis de normas escritas que efectuara el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas resultaran todas formalmente inobjetables”. Sin embargo, militares de todas las épocas pusieron en blanco sobre negro muchas de las prácticas habituales que constituyen delito. “En la Escuela de las Américas enseñaban directamente cómo quebrar la voluntad del oponente con la tortura. Estos métodos están escritos. Estaquear al soldado está por escrito, le llaman calabozo de campaña”, dijo el coronel retirado Horacio Ballester, presidente del Centro de Militares para la Democracia (Cemida). “El plan del genocidio está estipulado en la Doctrina de Seguridad Nacional, bajo la tutela de Estados Unidos, y la prueba es que todas las dictaduras de la región hicieron lo mismo. Hoy mismo la acción psicológica sigue rigiendo en Honduras”, completó. Página/12 le preguntó sobre la tortura “de tercer grado” que menciona el reglamento RC–5-1. “Sería la más leve, si es que puede haber grados en esta atrocidad, como cuando (George) Bush decía que el submarino estaba permitido, o algunos países que avalan la tortura hablan de ‘leve descarga eléctrica’”, respondió Ballester. Y reveló una experiencia personal: “Yo estaba en el candelero y todavía estaba Lanusse en el poder, entonces hicieron circular que yo me había ido con una guerrillera, la llamaban a mi señora para decirle eso, estaban usando la calumnia”.
El abogado Pedroncini cree ver la impronta de la llamada Escuela Francesa en materia represiva, pero al coronel Ballester le parece que el reglamento en cuestión puede ser una traducción de algún manual norteamericano de la Escuela de las Américas. “Cuando me recibí, los oficiales no podían usar bigote y los solteros tenían que vivir en el cuartel. Hay reglas que fueron quedando a través de los siglos, que trajo San Martín, como los tribunales de honor; unas absurdas y otras atroces.” Con el objetivo de dar una respuesta concreta a las continuas demandas de la justicia sobre documentación referida a la represión ilegal, en marzo de 2000 el Ejército ordenó una intensa búsqueda que culminó con el hallazgo de varios manuales. Encontraron reglamentos sobre la “lucha contrainsurgente” que los propios militares definieron como “viejos manuales del terrorismo de Estado que son copias de los elaborados por Estados Unidos para combatir en Vietnam”. El hallazgo puso los pelos de punta a más de uno, por lo cual el entonces ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, se apresuró a ponerlos en manos de la Justicia. El ex jefe del Ejército Martín Balza había acusado al represor Cristino Nicolaides de haber incinerado toda la documentación referida a la represión ilegal. El ex general replicó exigiendo que mostrara las actas de incineración, de modo que en enero de 2000 Balza comunicó en forma oficial que no existían más instructivos de los sicarios del Estado. Sin embargo, reglamentos cada vez más comprometedores siguen apareciendo.
les dejo esta notita bastante develadora para algunos que aun insisten en defender una idea impuesta y construida para defender lo indefendible.
No se confundan, no se fueron, estan, existen y a diferencia de muchisimas de sus victimas no han "desaparecido", Honduras nos lo recuerda.
saludos.
Un manual para represores
El texto establece como medios “ocultos” de acción psicológica la “tortura, el secuestro y el terrorismo”. La Cámara Federal ordenó reabrir una causa para investigar el contenido del reglamento, al que tuvo acceso Página/12.
Por Adriana Meyer
La dictadura en retirada barrió con todo tipo de pruebas del plan criminal que había ejecutado, pero en ciertos reglamentos militares dejó escrito parte de su sustento doctrinario y su metodología del terror. Uno de ellos, referido a las “operaciones psicológicas”, establece como medios “ocultos” de acción psicológica la “tortura, el secuestro y el terrorismo”. Documentos similares son parte de las causas por delitos de lesa humanidad cometidos por los sicarios del Estado, como el “Plan del Ejército, operaciones contra elementos subversivos”, que describe las acciones concretas para la toma del poder y habla de “aniquilar la subversión”. Pero hasta ahora no había aparecido una admisión tan clara de directivas basadas en acciones ilegales. Por eso la Justicia acaba de ordenar la reapertura de una causa para investigar el contenido “explícitamente delictivo” de este manual, que estuvo vigente hasta 1997.
Aunque parezca una paradoja, fue el defensor de un genocida quien puso el foco en el reglamento RC-5-1 del Ejército Argentino sobre Operaciones Sicológicas, dictado por el general Alejandro Lanusse el 8 de noviembre de 1968. Hace cuatro años, el abogado Florencio Varela, en representación del general retirado Santiago Riveros, quiso mostrar que su contenido daría legitimidad institucional al accionar de su defendido, con el absurdo argumento de que un simple reglamento militar es superior a la Constitución y a la legislación. A contramano de todas las herramientas legales que hicieron posible el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos, desde el Juicio a las Juntas hasta la anulación de los leyes de impunidad pasando por la incorporación de los tratados internacionales a la Constitución, Varela pretendió justificar aquellos crímenes en el marco de la aplicación de la denominada Doctrina de Seguridad Nacional. Dijo el letrado que “el secuestro, el terrorismo, la tortura, el sabotaje y la muerte eran, entre otras similares, acciones de guerra expresamente previstas en los reglamentos militares”. La línea de pensamiento es que las “acciones contra la subversión no fueron delitos de lesa humanidad sino que estaban en las tácticas militares de la contraguerrilla”.
El abogado Alberto Pedroncini, querellante en la causa sobre el Plan Cóndor en la que está imputado Riveros junto a otros represores, tomó contacto con la presentación de Varela y consideró que los reglamentos citados contenían la descripción de delitos de manera “explícita”. Por eso hizo una denuncia ante la Procuración que fue impulsada por el fiscal federal Federico Delgado y que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas. Así, mediante un oficio al Ministerio de Defensa, obtuvo el texto autenticado y completo de los manuales en cuestión, en los que abundan instrucciones entre banales y terroríficas. Rafecas avanzó al principio con entusiasmo pero luego de tres años mandó el expediente al archivo porque no encontró conexión entre el manual y algún suceso que materializara sus directivas. Para el magistrado, la creación misma del reglamento no constituía delito penal. El fiscal Gerardo Pollicita apeló y el mismo criterio mantuvo el fiscal de Cámara Germán Moldes. A principios de julio, la sala I de la Cámara Federal porteña ordenó reabrir el caso.
Página/12 tuvo acceso al RC-5-1 sobre “Operaciones Sicológicas”, que en uno de sus párrafos describe el “método de acción compulsiva” como “toda acción que tienda a motivar conductas y actitudes por apelaciones instintivas, actuará sobre el instinto de conservación y demás tendencias básicas del hombre, lo inconsciente (sic). La presión insta por acción compulsiva apelando casi siempre al factor miedo. La presión sicológica engendrará angustia, la angustia masiva y generalizada podrá derivar en terror, y eso basta para tener al público (blanco) a merced de cualquier influencia posterior. La fuerza implicará la coacción y hasta la violencia mental (...) la fuerza y el vigor reemplazarán a los instrumentos de la razón. La técnica de los hechos físicos y los medios ocultos de acción sicológica transitarán por este método de acción compulsiva”.
Las 170 páginas del reglamento RC-5-1 reflejan la estructura de la cadena de mando prevista para las OS (Operaciones Sicológicas), divide las OS de las fuerzas terrestres en “operaciones de represión militar, de inteligencia y de asuntos civiles”, y establece que “las OS se dirigirán directamente contra el insurgente armado, contra los elementos que apoyen a los insurgentes y hacia la población civil”. En cuanto a la ejecución de las OS, sostiene que sus planes y programas “tratarán de crear la imagen de que el movimiento guerrillero ha penetrado en todos los niveles de la sociedad y del gobierno”. En cuanto a los “blancos” de las OS enumera: “elementos irregulares enemigos, elementos clandestinos, civiles que simpaticen con el movimiento subversivo, civiles que simpaticen con el gobierno legal, civiles no comprometidos, fuerzas militares legales y naciones que apoyen a las fuerzas irregulares”. Y en uno de los párrafos en que describe los medios y técnicas de las OS, señala que “las fuerzas militares legales podrán contribuir a aislar a las fuerzas irregulares enemigas, apelando a su función de protectores y guardianes de la paz. Las demostraciones en masa, el contacto personal entre soldados y pobladores civiles, la participación en deportes comunes y las reuniones de todo tipo contribuirán a crear fe en el gobierno legal y evitar el apoyo a los elementos irregulares. La tropa deberá estar perfectamente instruida a efectos de lograr un impacto sicológico positivo en la población”.
Los medios “ocultos”
En la última página del articulado el reglamento RC-5-1 divide los medios previstos y autorizados de acción psicológica en tres campos: naturales, técnicos y ocultos. Entre los dos primeros menciona el “cara a cara, agentes visuales y orales, actos públicos, altavoces, la radio y la televisión”, y en “ocultos” incluye “compulsión física: torturas de tercer grado. Compulsión síquica: anónimos, amenaza, chantaje, seguimiento físico, persecución, secuestros, calumnias, terrorismo, desmanes, sabotaje, toxicomanía, alcoholismo y drogas. Lavado de cerebro”.
Para Pedroncini, este reglamento “revela el perfil más perverso” de las instrucciones para la represión ilegal. Página/12 le preguntó en qué se diferencia de los manuales militares que ya se conocen, como las “Instrucciones para operaciones de seguridad” que establecía separar a los detenidos entre “hombres, mujeres y niños luego de su captura”, documento que integra el expediente sobre el plan sistemático de apropiación de menores. “Lo que hacen esas normas tramposas es legalizar el comienzo del procedimiento, darle una forma que permita cometer el delito sin decirlo, como la que habla de esos allanamientos en casas particulares y marcaba que había que separar a hombres, mujeres y niños, luego en el resto del reglamento aparecía como si esos grupos fueran tratados de acuerdo a la ley. En cambio acá no hay máscara”, respondió el letrado, y remarcó que por esa razón lo eligieron para hacer una denuncia específica que investigue el contenido explícitamente delictivo de este tipo de manuales. “Cuando Florencio Varela presentó su escrito en el expediente hizo una referencia más categórica a ese reglamento, era el que les justificaba más cosas, por eso decidimos zambullirnos en ése. Con el doctor (David) Baigún nunca antes habíamos visto nada tan explícito en cuanto a describir por su nombre a los delitos, como torturas de tercer grado, o una serie de acciones que derivan en delito, como la descripción del método de la acción compulsiva, que menciona que ‘la fuerza implicará coacción y hasta la violencia mental’”, agregó Pedroncini.
Reglamentar las atrocidades
La sentencia del Juicio a las Juntas Militares de 1984 mencionó la falta de constancias escritas de las órdenes criminales, al expresar que “no es de extrañar que del análisis de normas escritas que efectuara el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas resultaran todas formalmente inobjetables”. Sin embargo, militares de todas las épocas pusieron en blanco sobre negro muchas de las prácticas habituales que constituyen delito. “En la Escuela de las Américas enseñaban directamente cómo quebrar la voluntad del oponente con la tortura. Estos métodos están escritos. Estaquear al soldado está por escrito, le llaman calabozo de campaña”, dijo el coronel retirado Horacio Ballester, presidente del Centro de Militares para la Democracia (Cemida). “El plan del genocidio está estipulado en la Doctrina de Seguridad Nacional, bajo la tutela de Estados Unidos, y la prueba es que todas las dictaduras de la región hicieron lo mismo. Hoy mismo la acción psicológica sigue rigiendo en Honduras”, completó. Página/12 le preguntó sobre la tortura “de tercer grado” que menciona el reglamento RC–5-1. “Sería la más leve, si es que puede haber grados en esta atrocidad, como cuando (George) Bush decía que el submarino estaba permitido, o algunos países que avalan la tortura hablan de ‘leve descarga eléctrica’”, respondió Ballester. Y reveló una experiencia personal: “Yo estaba en el candelero y todavía estaba Lanusse en el poder, entonces hicieron circular que yo me había ido con una guerrillera, la llamaban a mi señora para decirle eso, estaban usando la calumnia”.
El abogado Pedroncini cree ver la impronta de la llamada Escuela Francesa en materia represiva, pero al coronel Ballester le parece que el reglamento en cuestión puede ser una traducción de algún manual norteamericano de la Escuela de las Américas. “Cuando me recibí, los oficiales no podían usar bigote y los solteros tenían que vivir en el cuartel. Hay reglas que fueron quedando a través de los siglos, que trajo San Martín, como los tribunales de honor; unas absurdas y otras atroces.” Con el objetivo de dar una respuesta concreta a las continuas demandas de la justicia sobre documentación referida a la represión ilegal, en marzo de 2000 el Ejército ordenó una intensa búsqueda que culminó con el hallazgo de varios manuales. Encontraron reglamentos sobre la “lucha contrainsurgente” que los propios militares definieron como “viejos manuales del terrorismo de Estado que son copias de los elaborados por Estados Unidos para combatir en Vietnam”. El hallazgo puso los pelos de punta a más de uno, por lo cual el entonces ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, se apresuró a ponerlos en manos de la Justicia. El ex jefe del Ejército Martín Balza había acusado al represor Cristino Nicolaides de haber incinerado toda la documentación referida a la represión ilegal. El ex general replicó exigiendo que mostrara las actas de incineración, de modo que en enero de 2000 Balza comunicó en forma oficial que no existían más instructivos de los sicarios del Estado. Sin embargo, reglamentos cada vez más comprometedores siguen apareciendo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)